España está a punto de experimentar una notable transformación en su sistema de facturación con la llegada de Veri*Factu, un nuevo estándar promovido por la Agencia Tributaria. Este sistema, respaldado por tecnología blockchain, pretende garantizar la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de cada factura emitida por autónomos y empresas.
Veri*Factu no es solo un cambio administrativo, sino una evolución hacia un sistema de facturación electrónica que genera automáticamente un registro de cada factura, incluidas cancelaciones y rectificativas. El sistema incluye un código QR que permite la verificación directa con la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT). Los contribuyentes podrán optar entre enviar este registro automáticamente a Hacienda o mantenerlo custodiado de forma segura, siempre accesible para la Administración.
La implementación de esta nueva normativa será progresiva: a partir del 29 de julio de 2025, será obligatoria para los fabricantes de software; para las sociedades, a partir del 1 de enero de 2026; y para autónomos y demás empresas, desde el 1 de julio de 2026.
Entre las ventajas de Veri*Factu, la propuesta destaca por aumentar la transparencia fiscal, dificultando así cualquier manipulación o contabilidad paralela. También se espera que mejore la eficiencia administrativa y reduzca los errores manuales, además de facilitar la auditoría y trazabilidad de las transacciones realizadas.
No obstante, surgen interrogantes sobre por qué esta normativa no se aplica primero a la Administración Pública. Muchos expertos consideran que sería más adecuado que el Estado adoptara el sistema antes de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) lo hicieran. Las razones son diversas: en primer lugar, legitimaría la exigencia hacia las pymes al hacer verificables todas las facturas emitidas por ministerios y otros organismos; en segundo lugar, minimizaría el impacto de una normativa impuesta antes de su validación; y, finalmente, posicionaría a España como un referente en transparencia fiscal en Europa.
Mientras se discuten estas cuestiones, varios proveedores ya han adaptado su software para garantizar el cumplimiento de Veri*Factu. Algunos, como Sage y Gularis, ofrecen soluciones robustas, aunque a menudo son de carácter comercial. Por otro lado, la AEAT ofrecerá una aplicación gratuita básica, especialmente útil para microempresas y autónomos con un volumen bajo de facturación.
Sin embargo, el camino hacia la implementación de Veri*Factu no está exento de dificultades. Las pymes, especialmente las de menor tamaño, podrían enfrentarse a elevados costos de adaptación, lo que ha generado resistencia y escepticismo. Además, la entrada de normativas complementarias, como la Ley Crea y Crece, podría complicar aún más el panorama si sus plazos no se coordinan.
El sistema Veri*Factu puede ser considerado un avance significativo en la lucha contra el fraude fiscal en España. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de que la propia Administración se adhiera primero a sus principios. Solo cuando se demuestre que este mecanismo funciona en el sector público, será justo exigir su adopción a las pymes.
España tiene ante sí una oportunidad única de liderar un nuevo paradigma de facturación pública, transparente y digital. Pero ello comienza por fomentar un compromiso claro desde la Administración. La verdadera rendición de cuentas debe empezar por quienes primero están llamados a dar ejemplo.
